*Policía estatal le quitó la vida a su hijo en Las Choapas, a ella solo le quedan tres meses de vida y exige justicia*

Enrique Burgos

La señora Rosa Isela Bartolo Román tiene solo tres meses de vida para que sentencien al policía estatal que asesinó a su hijo hace un año en el municipio de Las Choapas.

Lucha contra el cáncer cérvico uterino, pero también contra la injusticia y el tortuguismo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y del Poder Judicial del Estado de Veracruz, quienes han olvidado el expediente de Abel García Bartolo.

Recordó que el 31 de octubre del 2024, su hijo fue asesinado, cuando un conflicto familiar terminó en tragedia cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intervinieron, uno de ellos Juan Carlos “N”, le disparó a Abel.

“El juez no quiere escucharnos… que se toque el corazón. Somos de bajos recursos, queremos ser escuchados”, indicó la señora en rueda de prensa.

En la conferencia la acompañó su esposo Abel García del Valle, quien informó que hace ocho meses le dieron una terrible noticia a su pareja, tenía cáncer y en este momento ya fue desahuciada por los médicos, le quedan 90 días de vida.

Ante el panorama adverso que viven, los padres de Abel de 26 años, exigieron a las autoridades ponerse a trabajar y no seguir dilatando las audiencias contra el policía estatal, que en este momento se encuentra en arraigo domiciliario, en lugar de enfrentar la prisión preventiva.

Pidió el apoyo y la intervención de la Gobernadora Rocío Nahle García y de la nueva fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez, pues teme morir y nunca obtener justicia.

A pesar de que el presunto homicida, es un servidor público, el proceso ha estado plagado de irregularidades. La carpeta de investigación es la 443/ 2024.

Don Abel y la señora Rosa Isela, denunciaron que el Fiscal Gustavo Basilio Toledano, de Las Choapas, ha actuado de manera parcial, favoreciendo presuntamente al policía.

Señalaron que las audiencias son un calvario, pues cada vez las postergan más, entre excusas que van desde la salud del juez, hasta falta de constancias de la FGE.