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Vecinos exigen justicia por años de agua insalubre y adeudos que consideran indebidos en la Soto Innes

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**Ante este panorama, la exigencia es: no pagar por un servicio deficiente que nunca fue potable ni seguro, y que además generó daños materiales y afectaciones médicas.
Omar Vázquez
Minatitlán, Ver. La inconformidad crece entre más de 900 hogares del Fraccionamiento Eduardo Soto Innes, donde vecinos aseguran haber pasado más de una década recibiendo agua en condiciones insalubres, situación que no solo afectó su patrimonio, sino también su salud, mientras las autoridades continuaron generando cobros por un servicio que —afirman— jamás fue realmente potable.
Martín Castelán Morales, vecino del lugar explicó que la lucha ya dio un paso legal importante tras obtener el respaldo del juicio de Amparo 229/2024. A la par, los colonos entregaron una solicitud formal para que se convoque a una sesión extraordinaria y pública de Cabildo ante el H. Ayuntamiento de Minatitlán, con el fin de exponer pruebas documentales sobre la problemática que arrastran desde hace más de 14 años.


De acuerdo con los habitantes, estudios realizados por su propia cuenta revelaron la presencia de plomo en el agua que llega a sus domicilios, lo que explicaría múltiples padecimientos en la piel, daños a electrodomésticos y un gasto constante en filtros, garrafones y sistemas improvisados para poder consumir el líquido.
Relatan que lavar ropa blanca se volvió un problema, que lavadoras y llaves se deterioraron en poco tiempo y que, mes con mes, el dinero destinado a agua purificada se convirtió en un golpe directo al bolsillo familiar.


Castelán recordó que el proceso legal se impulsó desde la ciudad de Coatzacoalcos, buscando que las autoridades municipales enfrenten de fondo una situación que no solo es administrativa, sino de salud pública.
Los colonos mantienen la esperanza de que en Minatitlán se abra finalmente un espacio de diálogo real, donde se revisen análisis de laboratorio, contratos y años de cobros acumulados que hoy consideran injustos.
También señalaron que, aunque en la administración anterior se anunció la perforación de un nuevo pozo como solución definitiva, la calidad del agua nunca mejoró. Incluso recordaron la entrega de dicha obra durante el gobierno de la exalcaldesa Carmen Medel Palma, la cual —según afirman— se presentó sin estudios claros que garantizaran potabilidad.
Para los vecinos, la exigencia es concreta: cancelar la deuda generada por un servicio deficiente y comenzar de nuevo, pero ahora con agua limpia, certificada y segura para el consumo humano.
Sostienen que no se niegan a pagar, siempre y cuando reciban lo que durante más de 14 años se les prometió y nunca llegó: agua verdaderamente potable.
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