Alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván tienen siete días para responder a solicitudes de desafuero; FGE los investiga por presuntos vínculos delictivos

Enrique Burgos

Los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, cuentan con un plazo de siete días para presentar su defensa dentro de los procedimientos de declaración de procedencia promovidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), informó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos.

La legisladora explicó que ambas solicitudes fueron remitidas por la FGE y, tras ser analizadas por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, se determinó que cumplían con los requisitos legales para dar continuidad al proceso.

“Nosotros, como Congreso, recibimos esta solicitud de la Fiscalía. De manera respetuosa, el expediente, la comisión dictaminó que era procedente legalmente y ahora está la Comisión Instructora; ya se les notificó a estos dos funcionarios y continúa el procedimiento”, señaló.

Precisó que, una vez notificados, comenzó a correr el plazo legal para que ambos presidentes municipales presenten los argumentos y pruebas que consideren pertinentes para su defensa.

“Ahorita está corriendo el término de siete días para que los funcionarios que fueron notificados establezcan y manifiesten lo que a derecho convenga. Pasados esos siete días se fija la fecha de audiencia para el desahogo de alegatos y posteriormente se dictamina el asunto”, explicó.

Las solicitudes de desafuero derivan de investigaciones ministeriales por presuntos vínculos de ambos alcaldes, emanados de Movimiento Ciudadano, con diversos hechos delictivos.

En el caso del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, la carpeta de investigación NLC/DXXI/F1/256/2026 lo relaciona con la presunta privación de la libertad y el homicidio de una comunicadora. De acuerdo con la Fiscalía, por este caso permanecen vinculadas a proceso ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales, incluido el director de la corporación, quienes presuntamente brindaban apoyo logístico a un grupo delictivo que incrementó su presencia en la región durante 2026.

Respecto al alcalde de Úrsulo Galván, la carpeta de investigación VER/FIM/FEADPD/104/2026, integrada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, lo señala por su presunta relación con la desaparición de dos personas. La indagatoria incluye registros de llamadas telefónicas y testimonios como parte de las pruebas recabadas.

Gómez Santos indicó que, una vez concluido el plazo de siete días, la Comisión Instructora notificará la fecha para la audiencia de pruebas y alegatos.

Posteriormente elaborará un dictamen para determinar si existen elementos suficientes para que continúe el procedimiento de declaración de procedencia.

“Ellos van a comparecer de manera escrita y, posteriormente, ya se fija la audiencia para continuar con el procedimiento”, finalizó.