(+VIDEO) Conflicto por casa en El Jagüey escala y termina en desalojo; familia denuncia irregularidades

Omar Vázquez

Minatitlán, Ver. En medio de un conflicto que mezcla la desaparición de un ciudadano y un juicio por la posesión de un inmueble, una mujer denunció haber sido desalojada de una vivienda ubicada en el ejido El Jagüey, hecho que atribuye a un proceso legal que, asegura, estuvo marcado por inconsistencias.
Dora Meléndrez Luna relató que el predio en cuestión le fue cedido por su hermano, José Ángel Meléndrez Luna, tiempo antes de que este desapareciera en el estado de Jalisco, donde fue visto por última vez en 2018 junto a otros tres minatitlecos.

De acuerdo con su versión, el traspaso del inmueble se realizó bajo la figura de derecho de posesión en una zona considerada ejidal, lo cual —sostiene— debió ser atendido por instancias agrarias y no por un juzgado civil, como finalmente ocurrió.
Sin embargo, años después, el caso tomó un giro legal cuando Ana Karina “N”, exesposa del desaparecido, promovió un juicio para reclamar la propiedad localizada en la colonia Vicente Guerrero. Como parte del expediente, se presentó un documento fechado en 2013 que fue valorado como prueba clave dentro del proceso.

La disputa escaló hasta derivar en una resolución judicial que favoreció a la parte demandante, lo que se tradujo en el desalojo del inmueble durante la tarde del jueves, acción que sorprendió a la actual ocupante, quien afirma haber habitado y cuidado el lugar durante varios años.

Meléndrez Luna insistió en que la vivienda no fue tomada de manera irregular, sino que permaneció bajo su resguardo con el consentimiento de su hermano, situación que —asegura— es del conocimiento de habitantes del ejido.
Asimismo, señaló que la relación entre su hermano y la hoy demandante concluyó años atrás, existiendo incluso antecedentes documentales de la separación, lo que, a su consideración, debió influir en el análisis del caso.
El contexto del conflicto se vuelve aún más delicado al estar vinculado con la desaparición de José Ángel, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde hace más de ocho años.
Ante este panorama, la afectada hizo un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno para revisar el proceso y considerar las particularidades del caso, al tratarse de un bien asentado en territorio ejidal y con antecedentes que, afirma, no fueron valorados en su totalidad.
El caso permanece como un ejemplo de los vacíos y tensiones que pueden surgir cuando convergen temas agrarios, legales y familiares en un mismo escenario.

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