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Se rebelan vecinos de Las Flores; señalan irregularidades en el comisariado de Mapachapa lo que derivó en desalojo

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Se rebelan vecinos de Las Flores; señalan irregularidades en el comisariado de Mapachapa lo que derivó en desalojo

Danna Palmeros/Omar Vázquez

Minatitlán, Ver. La inconformidad de habitantes de la colonia Las Flores derivó este lunes en el cierre momentáneo de la carretera antigua Minatitlán-Coatzacoalcos, luego de que familias afectadas denunciaran un presunto despojo de predios y señalaran posibles irregularidades cometidas desde el comisariado ejidal de Mapachapa.

La protesta, que se prolongó por casi una hora, provocó la interrupción total del tránsito vehicular entre Minatitlán y Coatzacoalcos, mientras los manifestantes exigían la intervención inmediata de las autoridades estatales para revisar la situación jurídica de los terrenos.

De acuerdo con los inconformes, el problema se remonta a 1995, cuando trabajadores independientes, entre ellos taxistas y comerciantes, constituyeron la asociación civil «Emiliano Zapata Tierra y Libertad» con el objetivo de adquirir un terreno donde pudieran establecer sus viviendas, ante la falta de acceso a programas de vivienda social.

Aseguran que la compra de la parcela, propiedad de Feliciano Martínez Lara, fue concretada de manera legal y posteriormente cada integrante cubrió los pagos correspondientes, recibiendo con ello derechos de posesión, aunque el proceso para formalizar el uso pleno de dominio nunca fue concluido por el comisariado ejidal.

Sin embargo, el conflicto escaló luego de que, según denunciaron, Melitón Salvador Guerra y Tomás Reséndiz Islas aparecieran ostentándose como propietarios legítimos del predio y el pasado 16 de abril ordenaran el ingreso de maquinaria pesada para demoler viviendas y estructuras ubicadas en la privada Emiliano Zapata.

«El 16 de abril del presente año nuestra paz fue amenazada en la colonia Las Flores. Nosotros somos habitantes pacíficos de esta colonia y nos encontramos con la noticia de que nuestros vecinos, pertenecientes a la privada Emiliano Zapata, estaban siendo despojados de sus casas y de sus predios con maquinaria pesada. Cuando nos enteramos, muchos ya habían abandonado sus hogares; entraron con amenazas y presentando un título de propiedad sobre esa parcela», denunció Yolanda Solórzano Méndez.

Los colonos afirmaron que pese a presentar documentación y acreditar la residencia de las familias desalojadas, no fue posible frenar la situación.

«Nos dicen que nuestra parcela también está en litigio, sabiendo que esos terrenos están vendidos y que tenemos un traspaso. Fuimos ante las autoridades ejidales locales pidiendo una explicación, pues si una asociación civil compró hace 30 años y cuenta con documentos notariados, nosotros que tenemos un traspaso queremos saber qué validez jurídica tiene y estar seguros de que no nos harán lo mismo.

Hoy los están llevando al uso pleno de dominio con título de propiedad, cuando en la colonia Las Flores llevamos más de 10 años pidiendo a los ejidatarios que nos lleven a ese mismo proceso. ¿Cómo han podido obtener un título cuando nuestra colonia ni siquiera está registrada y seguimos realizando trámites legales ante el Ayuntamiento para lograr ese reconocimiento y evitar que esto vuelva a ocurrir?», recalcó la inconforme.

La existencia de trámites que, aseguran, han permanecido congelados por más de una década, reforzó entre los afectados la sospecha de posibles actos de corrupción entre particulares y autoridades ejidales.

«A los que tenían pie de casa se los tiraron. A nosotros, que ya teníamos una vivienda, el 16 de abril entraron con maquinaria y nos derribaron el cerco por órdenes de Melitón Salvador Guerra y un tal Tomás Reséndiz Islas», denunció Manuel Soberanis Fuentes, otro de los inconformes.

Los habitantes sostienen que cuentan con respaldo documental expedido por la asociación civil «Emiliano Zapata Tierra y Libertad», por lo que demandaron certeza legal sobre sus propiedades y garantías para evitar nuevos desalojos.

Tras varios minutos de tensión, representantes del Gobierno del Estado acudieron al sitio y ofrecieron instalar una mesa de diálogo para analizar el caso, propuesta que permitió liberar la vialidad y poner fin a la manifestación.

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