Atracos de grúas en la región sur, un cáncer que no termina

OMAR VÁZQUEZ VALENCIA

Cosoleacaque. Fuera de control los desmedidos cobros y abusos que hoy día impone una recién llegada línea de grúas que en contubernio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) viene operando en la zona de Minatitlán y Cosoleacaque; encargados del corralón han sido denunciados por amenazas contra de usuarios a los que les han pedido “le bajen pues no saben con quien se meten”, al recibir los reclamos de las excesivas tarifas que rebasan hasta en un 400% los precios marcados por el tabulador oficial.

Alberto Sánchez López, presidente de la organización Resistencia Civil, expuso que además el sistema de arrastre es utilizado por el por la Guardia Nacional, Policía Vial y Estatal, poniendo de manifiesto que el resto de líneas que antes operaban quedaron fuera de jurisdicción.

El entrevistado puso como ejemplo de irregularidad, la falta de una razón social en las afueras de la fachada asentada en carretera Minatitlán-Cosoleacaque, al lado de la colonia Hermenegildo J. Aldana.

“Utilizan estas grúas para “el billete”, no tienen ni siquiera nominación social, no están los administradores y solo hay unos trabajadores que entran y salen, están cobrando de una manera ilegal y arbitraria, les cobran las cantidades que ellos quieren y dicen que no hay un tabulador”, declaró Sánchez López.

El luchador social hizo un enérgico llamado al Gobierno del Estado para vigilar y analizar la situación que impera en la región sur, junto al Secretario de Gobernación Eric Cisneros.

“Nos cobran por luz, por infracciones y todavía hacen lo que se le pega la gana al margen de la corrupción, y aquí nos lo dijeron, qué le hagamos como queramos que ellos van a cobrar lo que quieran”.

El titular de Resistencia Civil invitó a la sociedad a denunciar estos robos y no permitir más injusticias, respaldándose en el tabulador regulado por el Gobierno mismo que es rebasado hasta en un 400% en los costos que genera un arrastre con grúas.

“Un arrastre que está en 300 o 400 pesos te lo cobran en cuatro mil pesos, es un fuerte robo, cobran lo que les plazca la gana en contubernio de la Policía Estatal y Vial”, precisó Alberto Sánchez, al recalcar que los recursos no son destinados a las arcas gubernamentales y se queda entre los mandos preventivos y administradores del encierro.

“El dinero no entra a Hacienda, esto es un asunto que se queda en lo particular, no entregan boleta ni un comprobante”, agregó.

AMENAZAN A VÍCTIMAS DE ARRASTRE EN GRÚAS

“Aquí dame 10 mil pesos ahorita, llévate tu camión y ya déjate de alboroto porque esto ya se sabe allá arriba y sino tú sabes cómo nos manejamos”, fueron las palabras del encargado del encierro contra del transportista Oscar Ramírez, a quien bajo una discusión que tuvo su chofer en las afueras de su vivienda le remolcaron el camión que aparentemente no tuvo injerencia en el hecho y por lo que le cobraban 15 mil pesos.

Bajo esto el inconforme hace responsable de lo que le pase a los administradores de grúas, al darse las evidentes amenazas contra de su persona luego de intentar reclamar por el abuso.

“El camión lo trajeron de la colonia San Antonio hasta acá, yo fui a Tránsito, pero me dijeron que no tenían nada qué ver, mi unidad no tuvo ningún problema, el asunto fue que hubo una riña en el domicilio de mi chofer, posteriormente llegó la policía y se lo llevaron detenido, y así fue como se llevaron el camión”.

POR ARRASTRE DE UN CARRO, 3,650 PESOS

Marco Antonio Ambrosio, conductor es otra de las víctimas, su falta incurrió en no portar la licencia de conducir lo que acató bajo el pago de la infracción que según dijo le costó una multa de siete mil pesos impuesta por la recién llegada Policía Vial.

La sorpresa fue cuando al llegar al encierro aparentemente ilegal, le solicitaron liquidara un adeudo de tres mil 650 pesos por el arrastre, y si lo dejaba le generaría un gasto diario de 150 pesos.

“Yo pedí el tabulador, pero me dijeron que ellos lo tienen en Xalapa y no me lo podían mostrar, cuando que yo sé que lo del arrastre no supera ni los 700 pesos”, expresó el inconforme.

En las próximas horas se esperan movimientos sociales por las citadas irregularidades, y las que podrían encabezar sectores del transporte público y privados en exigencia del alto a la corrupción.