Peña Nieto, el desenfrenado espionaje contra periodistas

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.– El domingo 18 de junio 2017, el New York Times publicó en su primera plana un amplio reportaje que detonó una bomba informativa en México: un reportaje elaborado con datos de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) y del Citizen Lab exhibía operaciones de espionaje realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el poderoso spyware Pegasus para intervenir, de manera ilegal, celulares de una decena de periodistas y defensores de derechos humanos en el país, entre ellos Carmen Aristegui e integrantes de su equipo de investigación.

Menos de tres semanas antes de publicarse el texto, una agencia del gobierno mexicano que tiene las características del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) seleccionó el número de Azam Ahmed, entonces corresponsal del New York Times en México, en la misma plataforma Pegasus desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

El número del hombre apareció entre más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por agencias gubernamentales clientes de NSO Group que en el marco del Pegasus Project, una investigación colaborativa que involucra a más de 80 periodistas de 17 medios repartidos en 10 países, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.

Pero el reportero del New York Times y Carmen Aristegui quien participó también en Pegasus Project no fueron los únicos blancos del aparato de espionaje de Peña Nieto: en apenas un año y medio, agencias de su gobierno registraron en sus plataformas Pegasus los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas seis de ellos trabajaban entonces en Proceso y uno, el periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, fue asesinado algunas semanas después, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición.

Durante un año y medio, agencias de gobierno de Peña Nieto registraron, en promedio, más de 33 objetivos de ciberespionaje al día, a un ritmo varias veces mayor al de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, India, Azerbaiyán, Hungría o Kazajistán, que también fueron clientes de NSO Group.

Resulta imposible afirmar que, en todos los casos, las selecciones derivaron en ataques y que instalaron Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. En aquel entonces para conseguir la infección se necesitaba que el usuario diera clic en un vínculo malicioso, enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico.

Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite a una agencia de gobierno acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes SMS, Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería y correos; también capta la geolocalización, permite consultar el historial, vigilar la geolocalización en cualquier momento, escuchar las llamadas, y tomar el control del micrófono de la cámara cuando lo desee.

Ocho contratos publicados por instituciones y sobre todo por la prensa en los últimos nueve años muestran que tres agencias federales de seguridad operaron la plataforma Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto: el Cisen, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De estas tres agencias, el análisis de los datos del Pegasus Project apuntan a que el Cisen fue la institución que seleccionó a prácticamente todos los periodistas mexicanos; varias fuentes de seguridad consultadas en el marco de esta investigación colaborativa coinciden en que, de los tres clientes oficiales de NSO Group, el Cisen y la Sedena utilizaban Pegasus sin autorización judicial, dejando abierta la puerta a abusos y arbitrariedades.

De los más de 50 mil datos telefónicos a los que tuvieron acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional, más de 15 mil corresponden a México; durante meses, Proceso y los demás medios aliados los analizaron, cruzaron y verificaron, con lo que pudieron identificar, con un alto margen de certeza, qué agencia del Cisen, de la AIC y de la Sedena seleccionaron a algunas víctimas de Pegasus.

Los datos también sugieren la existencia de un cuarto ente, no identificado, que realizó una menor cantidad de ataques pero los dirigió exclusivamente hacia personajes políticos de primer nivel.

En el marco de esta investigación, los medios asociados buscaron por muchas vías distintas una manera de comunicarse con el expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellos sus hijos, un exabogado, el PRI y excolaboradores; algunos no contestaron, y otros dijeron que no tenían forma de hacerle llegar un cuestionario.

En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien era titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) –y por ende responsable del Cisen, negó categóricamente y reiteradamente los hallazgos de esta investigación.

Afirmó que durante su gestión al frente de la Segob, “nunca se autorizó ni se tuvo conocimiento sobre la existencia o el uso del software al que se refieren. También afirmó que “nunca se ordenó ni se tuvo conocimiento del uso de Pegasus, contra nadie”.

Sin embargo, en un comunicado emitido en mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que el Cisen operó Pegasus entre 2014 y 2017, y aclaró que ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que sustituyó el Cisen ni la Guardia Nacional “cuentan con el servicio del sistema Pegasus”, ya que “el gobierno del Licenciado Andrés Manuel López Obrador decidió no renovar la licencia de operación”.

Este trabajo forma parte de una serie de reportajes que Proceso publicará a lo largo de la próxima semana en el marco de Pegasus Project, y que exhibirán la magnitud del espionaje ilegal operado desde el gobierno de Peña Nieto.

Amenazado y espiado

El gobierno de Peña Nieto utilizó de forma masiva el malware, en un sexenio durante el cual el país se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, un terrible lugar del que no ha descendido. Durante los seis años de gobierno de Peña Nieto, la organización Artículo 19 registró 2 mil 502 agresiones contra periodistas un incremento de 129% en comparación con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, los cuales incluyen 47 asesinatos.

Cecilio Pineda Brito, periodista en la conflictiva región de Tierra Caliente, en Guerrero, fue una de estas víctimas. En la tarde del 2 de marzo de 2017, el hombre fue asesinado a balazos por dos personas en moto, mientras esperaba en un autolavado de Ciudad Altamirano que le entregaran su camioneta. Un amigo llegó muy rápido en el lugar, donde Pineda todavía respiraba; la ambulancia tardó más de media hora en llegar, y el periodista estaba muerto cuando el vehículo llegó al hospital.

Escasas semanas antes, a principios de 2017, una agencia del gobierno de Peña Nieto cuyas características corresponden a la Sedena ingresó en dos ocasiones el número de teléfono del celular de Pineda en la plataforma Pegasus.

El día de su asesinato, Pineda había denunciado en su canal de Facebook “Cecilio Pineda, las noticias de un instante” seguido por cerca de 50 mil personas los vínculos entre el diputado local Saúl Beltrán Orozco, expresidente municipal de San Miguel Totolalpan, y Raybel Beltrán Jacobo de Almonte, mejor conocido como “El Tequilero”, líder de la banda armada “Los Tequileros”, que cometía secuestros y homicidios en la región.

En ese mismo video, el periodista cuya carrera empezó en 2005 en Despertar del Sur y transitó por colaboraciones de nota roja en El Universal o La Jornada Guerrero acusó al gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de proteger a “Los Tequileros” y de encubrir sus crímenes en la región.

En aquel entonces, Pineda recibía amenazas de muerte a diario en sus redes sociales. Sus familiares dicen que su trabajo periodístico le provocaba crisis severas de ansiedad, ataques de pánico e insomnios; el hombre acusaba directamente a políticos, con nombre, apellido y apodo, por sus vínculos con “Los Tequileros”.

Pineda había sufrido un atentado el 18 de septiembre de 2015, por el cual entró en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, la instancia y el periodista acordaron cerrar el caso en octubre de 2016, porque Pineda no aceptaba su oferta de “extracción” hacia un refugio seguro.

En la última plática telefónica que sostuvo con sus interlocutores del Mecanismo cuyo audio fue obtenido en el marco de esta investigación, Pineda afirmó que se le “complica un poco” y que le parecía “muy precipitado” abandonar la región con su familia, y afirmó: “no salgo, no conocen mi ubicación, porque me he mudado de un lugar a otro…no saben donde vivo. Y por lo general tengo mis carros escondidos.

“Tengo contacto directo con militares y estatales, en dado caso que hubiera algún problema, yo no tengo problemas con los comandos armados aquí, lo que pasa es que pudiera ser, que este grupo contratara a una persona para asesinarme. También me han dicho que quieren matar al cacique de San Miguel Totolalpan”, abundó el periodista, quien refrendó que “el diputado local (Saúl Beltrán Orozco) tiene contacto directo con el gobernador”.

Un amigo de Pineda dice que, antes de su asesinato, el periodista había pedido protección al Ejército porque unas personas lo habían visitado en su casa para pedirle mil pesos. Dado el monto relativamente pequeño exigido, un militar aconsejó al hombre que no se los entregara, pues parecía más una manera de localizarle y de tenderle una trampa.

Entrevistado por la periodista Nina Lakhani, en el marco de esta investigación internacional, el fiscal Olea recuerda que las autoridades determinaron que la ejecución de Pineda fue ordenada por “El Tequilero”. Semanas después del asesinato, las autoridades encontraron en Coyuca de Catalán el cuerpo de Luis Armando López Hernández, uno de los dos supuestos autores materiales.

El hombre también narra que, en 2016 y 2018, dos hombres entre ellos un israelí, parecido según él a la fotografía de Uri Emmanuel Ansbacher, entonces representante de NSO en México le enseñaron un programa de intervención de teléfonos que lo convenció, y pidió fondos a la oficina de Astudillo, quien se lo negó en un primer momento, pero en 2018 afirmó que lo compraría.

Días después de atacar con Pegasus a los celulares de Pineda y su novia, la misma agencia del Estado probablemente la Sedena lanzó el programa contra los celulares del gobernador Astudillo y de Xavier Olea Peláez, entonces fiscal de Guerrero; y tres meses después del asesinato de Pineda, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lanzó Pegasus para infectar el celular de Saúl Beltrán Orozco, quien había pedido licencia de su cargo de diputado en mayo de 2017, debido a una investigación que la fiscalía local tenía abierta, por el asesinato de un empleado municipal.

El priista, quien en 2015 fue coordinador local de la campaña de Astudillo, reapareció públicamente en 2018, y en una entrevista con medios dio su caso legal “por terminado”; por su parte, Jacobo Raybel de Almonte, “El Tequilero”, murió asesinado en 2019, tras años de cometer crímenes contra la población en total impunidad.

En respuesta a un cuestionario de Forbidden Stories, NSO Group sostuvo que, incluso en el caso de que el teléfono de Pineda haya sido espiado en febrero de 2017, “ello no quiere decir que el cliente de NSO Group o la información recolectada por el software de NSO Group fuera en alguna manera conectada con el asesinato del periodista el mes siguiente”.

“Una correlación no es lo mismo que una causa, y los sicarios quienes asesinaron al periodistas pudieron haberse enterado sobre su ubicación en un autolavado público de múltiples maneras sin vinculo con NSO Group, sus tecnologías o sus clientes”, abundó.

El caso de Pineda se sumó al de Javier Valdez Cárdenas, reconocido periodista fundador de la revista Río Doce, en Sinaloa, cuyo asesinato a plena luz del día, el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, afuera de la sede de la redacción, causó una enorme conmoción en el país, y especialmente en el gremio.

A partir del día siguiente y durante las semanas posteriores, la agencia de gobierno que parece ser el Cisen atacó con Pegasus los celulares de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, directores Editorial y de Información de la revista, Alejandro Sicairos fundador de la revista y Griselda Triana, la viuda de Valdez, según reportó en su momento el trabajo conjunto de New York Times, R3D y el Citizen. Los números de Bojórquez, Villarel, Sicairos y Triana aparecen entre los datos obtenidos por el Pegasus Project.